Desde el Instituto Regional de Estudios Nacionales (Irena), integrado por conocidos dirigentes laurittistas, volvieron a difundir dos documentos que habían hechos público en noviembre de 2010 “porque no han perdido actualidad en sus fundamentos ni en la postura que en su momento adoptamos”.

“Pasado el tiempo y viendo la patética terminal que nos quieren endilgar a los uruguayenses, viendo la desidia del gobierno municipal que ni siquiera ha cerrado las ventanas del viejo hotel de la actual terminal permitiendo de esta manera el deterioro acelerado e irreversible de dicho edificio, insistimos, ya no ante el intendente (Marcelo) Bisogni, a quien le dirigimos oportunamente nuestro reclamo, hoy solicitamos a la gestión Schepens la revisión de esta lamentable medida que afecta el patrimonio urugayense y su desarrollo como comunidad”, dicen.

En aquellos documentos, el Irena reclamaba –con la firma del director del Palacio San José, Luis Cerrudo- que la Terminal y el Mercado “son lugares que tienen usos cotidianos y significados para los uruguayenses, lo que los hacen merecedores de un tratamiento respetuoso en cuanto a decisiones trascendentes como son cambiar la ubicación de la terminal y dar un nuevo destino (¡por 50 años!) a un espacio céntrico (media manzana) hoy dedicado a mercado de artesanías”.

Luego de resaltar algunas “irregularidades” en el proceso, se preguntaban “¿quién dijo que es más importante tener más de cien máquinas de juego que artistas artesanos en ese espacio?”. “¿Cómo cambiar las expresiones culturales de nuestros vecinos y sus fuentes de trabajo por el azar y el ocio no recreativo?”, cuestionaban, y destacaban que “la nueva Terminal” iba a “estar ubicada en un terreno sin servicios y una planta con menor superficie y prestaciones que la actual”.

“Entendemos que estas cuestiones que involucran cesiones por largo plazo (50 años en un espacio estratégicamente ubicado como el Mercado 3 de Febrero), canje de propiedades (una manzana con edificio por una “terminal nueva” en zona sin servicios esenciales y con menores prestaciones, etcétera), necesidad de transparencia en la gestión, en los procedimientos y, fundamentalmente, claros beneficios para nuestra comunidad, debe ser pasible de una reflexión por parte de las autoridades municipales”, solicitaban entonces y reiteran actualmente.

Además, rechazaban “la aplicación de mayorías circunstanciales o la crítica fácil y la chicana política” porque “no son el camino aconsejable para un gobierno de cara a la gente”.

“Convocamos a la reflexión sensata. Preservemos el patrimonio de todos y busquemos soluciones a las cuestiones de infraestructura sin repetir los esquemas del neoliberalismo de la década del 90”, expresaba el Irena, que “los tiempos y nuestros vecinos nos exigen transparencia y voluntad creadora” y que “esta es una oportunidad para replantearse críticamente determinadas decisiones, rectificarse y buscar otros caminos”.

En otro de los documentos, firmado por el ex Lista 100 Horacio Constantini, planteaban claramente que “este proyecto no sólo es de dudosa legitimidad, de pérdida de uso del patrimonio municipal por varias generaciones, sino que es un retroceso político que nos recuerda las nefastas privatizaciones donde el estado se desprendía de bienes y empresas a cambio de entrar en el supuesto ‘primer mundo’ o esperar pasivamente el derrame de la copa de los pocos”.

“Instamos entonces a nuestros funcionarios municipales a reveer su postura intransigente frente al tema, en la seguridad que antes que una debilidad, sería una fortaleza en la gestión”, remarcaban.