El Superior Tribunal de Justicia confirmó la habilitación de Frank Zappa
La larga polémica entre las gestiones scelzistas y Frank Zappa Club parece llegar a su fin. Es que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó la apelación de la Comuna y confirmó la habilitación del local. En su fallo, el STJ consideró al del Municipio como “un accionar manifiestamente ilegítimo que vulnera e impide el ejercicio de los derechos fundamentales” de los propietarios del comercio.

Luego de las idas y venidas de la extendida polémica entre las gestiones que responden al scelzismo y los dueños de Frank Zappa, en las que se incluyeron libramientos de actas que con un par de horas de diferencia reconocían la habilitación y que después la negaban, el 7 de septiembre el máximo estrado de la Justicia entrerriana le dio la razón a los empresarios.

 

“A pesar de lo resuelto por la Justicia local, y haciendo caso omiso a lo dispuesto por el juez de Garantías y Transición Nº 1, Mariano Martínez, la Municipalidad a través de funcionarios de Guardia Urbana y Tránsito, continuó labrando actas de constatación expresando que no contábamos con la correspondiente habilitación comercial por expresas órdenes de la Secretaría de Gobierno”, recordó uno de los propietarios, Yari Seyler, integrantes de la laurittista Juntos Por Uruguay. “Digo que son expresas órdenes del secretario de Gobierno, Agustín Bordagaray, ya que fue él mismo quien lo hizo público en los medios locales radiales”, agregó.

 

La Municipalidad, a través de su Secretaría Legal y Técnica que comanda Marcelo Fernández Rousseaux, apeló ante el STJ el fallo en su contra de la Justicia local, pero el máximo Tribunal le dio la razón a Frank Zappa, provocando otra derrota judicial a los abogados de la Comuna, pero a lo que los vocales agregaron duras consideraciones.

 

EL STJ, además de rechazar el recurso de apelación de la Municipalidad, destacó como “irregular” al “accionar” del Municipio, que “se revela inequívocamente” como “manifiestamente ilegítimo que vulnera e impide el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte actora (los dueños del boliche) que emergen en su favor del precedente acto administrativo de habilitación comercial oportunamente dictado con observancia de los requisitos reglamentariamente exigidos para ello”.

 

Ante esto, Seyler recalcó que la Justicia “dejó en evidencia, nuevamente, la mala intención y/o ineptitud por parte de algunos funcionarios públicos de turno, con la que se manejan frente a cuestiones relacionadas a nuestro emprendimiento comercial desde un principio”. El comerciante pide, además, que “toda persecución política, se base en cuestiones que atañen a la misma”.

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